¿QUÉ PASA CON LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO?

Por: Luis Campos

Los altos índices de informalidad laboral en la Argentina dan cuenta de la urgente necesidad de elaborar nuevas estrategias que impulsen la registración, teniendo en cuenta las heterogeneidades entre y dentro de los distintos sectores productivos, así como las alianzas con sindicatos, organizaciones sociales y municipios, entre otros actores clave.

Fotos de Belén Grosso

La informalidad laboral, entendida como la cantidad de asalariados que no registran aportes al sistema de seguridad social, está instalada desde hace más de 10 años en torno al 33% del total de trabajadores, porcentaje que supera el 40% cuando se considera exclusivamente al sector privado.

Esta magnitud ha demostrado ser muy poco flexible a la baja. En estos años hemos visto pasar gobiernos de distinto signo político, años de crecimiento y de caída de la actividad económica, políticas laborales más cercanas a los intereses de los trabajadores y otras que hicieron propia la agenda de reclamos de los empleadores. Sin embargo, la proporción de asalariados no registrados sobre el total se mantuvo sin mayores variaciones.

En este contexto, y dados los impactos que la falta de registro tiene sobre los trabajadores y trabajadoras, urge preguntarse acerca de las razones por las que dicha variable ha permanecido inmutable a lo largo del tiempo. Más allá de las características que presenta el mercado de fuerza de trabajo en nuestro país, ¿cuál es el papel de la policía del trabajo para intentar avanzar en estrategias de formalización? ¿Será que faltan inspectores laborales? ¿Serán insuficientes las herramientas con las que cuentan para enfrentar esta cuestión?

Desde ya que el fortalecimiento institucional de la policía del trabajo siempre será una buena noticia, pero si no se consideran algunos obstáculos estructurales puede que tampoco ello baste para modificar sustancialmente una situación que, a esta altura, es mucho más que un fenómeno coyuntural. En otras palabras, de lo que se trata es de pensar estrategias que intenten dar cuenta de esos límites estructurales y ello va más allá de incrementar la cantidad de inspectores laborales o de agravar las sanciones aplicables a aquellos empleadores que no registren a sus trabajadores y trabajadoras.

Para hacer más eficaz la intervención de la policía del trabajo es importante repasar algunos condicionantes que están por detrás de la persistencia de altos niveles de informalidad laboral. Por un lado, los asalariados no registrados no están distribuidos uniformemente en el conjunto de las actividades económicas y algunos sectores tienen un peso relativo mucho más importante que otros. Para ponerlo en números, el trabajo en casas particulares y el sector rural explica en conjunto el 35% de la informalidad laboral, mientras tan solo da cuenta del 12,1% de los puestos de trabajo asalariados en el sector privado. Si agregamos la industria manufacturera, el comercio y la construcción alcanzamos a casi el 70% de los asalariados no registrados (estas ramas explican el 50% de los registrados). No parece muy razonable tener una estrategia similar para impulsar la registración laboral en sectores que tienen un funcionamiento tan disímil. En algunos casos tal vez alcance con las herramientas existentes actualmente, en otros tal vez sea necesario ir un poco más allá. El análisis de algunos ejemplos puede ser útil no ya para identificar soluciones, sino tal vez para modificar la forma de pensar el problema.

Trabajo en casas particulares

Por lejos se trata del sector que presenta mayores niveles de informalidad laboral: llega a un 67,2% del total. Sin embargo, en su interior también existen heterogeneidades que es necesario considerar. La falta de registración en este sector alcanza tanto a trabajadoras que prestan servicios en sectores de altos recursos, como por ejemplo en barrios cerrados, como a otras que se insertan dentro de estrategias de supervivencia de sectores populares, donde trabajadores un poco menos pobres emplean a otros trabajadores pobres. Este último caso difícilmente pueda ser solucionado a partir de la intervención de la policía del trabajo. La registración laboral en estos casos tal vez sea un imposible que se explica por los bajos ingresos del trabajador-trabajadora/empleador.

Por el contrario, avanzar sobre estrategias de registración laboral en aquellos casos donde los empleadores cuentan con recursos más que suficientes es una obligación del Estado que requiere acciones específicas por parte de la policía del trabajo. La situación en los barrios cerrados constituye un ejemplo paradigmático. Habitualmente se escucha como argumento (excusa) que ello resulta imposible por afectar la garantía de que el domicilio es inviolable. Ello es sencillamente falso. No hay ningún impedimento para que un inspector laboral recorra las calles de un barrio cerrado y pregunte a aquellas trabajadoras que se encuentran allí por sus condiciones de registro. Tampoco lo hay para que toquen el timbre de cada domicilio (podrían hacerlo acompañados por integrantes de las organizaciones sindicales que intervienen en el sector) a fin de indagar sobre la situación laboral de quien los atienda. Por cierto, no habría obligación de responder, pero ello no puede alegarse como un impedimento para avanzar con políticas más agresivas en el sector.

Sector rural

En este sector el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la policía del trabajo es apremiante, en tanto coexisten altos niveles de rentabilidad y condiciones laborales de extrema precariedad. Aquí la informalidad laboral llega al 63,8% de los puestos de trabajo.

La dimensión espacial puede jugar aquí un papel fundamental. En la mayoría de los casos los trabajadores y trabajadoras están lejos de los inspectores del trabajo y aun frente a operativos de registración las estrategias patronales para eludirlos son de lo más variadas. Esta situación requiere pensar una estrategia de ampliación de los aliados, principalmente a partir de involucrar a todas aquellas organizaciones que tengan presencia activa en el lugar donde los trabajadores desarrollan sus tareas. Organizaciones sindicales de todo tipo, organizaciones sociales, políticas, municipios, todos ellos deberían ser parte de esta estrategia, a partir de contar con un diagnóstico que permita identificar, a priori, dónde se encuentra la mayor cantidad de asalariados no registrados.

Organizaciones sindicales de todo tipo, organizaciones sociales, políticas, municipios, todos ellos deberían ser parte de una estrategia, a partir de contar con un diagnóstico que permita identificar, a priori, dónde se encuentra la mayor cantidad de asalariados no registrados.

Industria

La informalidad laboral en este sector no puede pensarse al margen de las cadenas de valor en las que los trabajadores y trabajadoras se insertan. En efecto, el empleador directo en muchos casos tiene una rentabilidad que dista de posibilitarle avanzar en la formalización laboral, no tanto por los costos derivados de las contribuciones al sistema de seguridad social, sino porque la regularización conlleva la necesidad de aplicar el conjunto de las normas laborales, incluyendo las escalas salariales provenientes del convenio colectivo correspondiente a la actividad.

Forzar la registración laboral en estos casos podría implicar, de no mediar un abordaje integral, poner en riesgo la subsistencia de los puestos de trabajo. Sin embargo, ello no implica que no haya salida. Por el contrario, en estos casos debería identificarse en qué eslabón de la cadena de valor estamos ubicados, puesto que es muy factible que las condiciones de informalidad y precariedad laboral estén implicando una apropiación de plusvalor por parte de quien controla su núcleo estratégico (podemos imaginar ejemplos bastante gráficos en la industria textil o en la metalmecánica). Una estrategia que fortalezca la capacidad de la policía del trabajo para avanzar en la formalización laboral debería apuntar a quien tiene capacidad de fijar precios y condiciones a lo largo de la cadena, haciéndolo responsable por las condiciones laborales de la totalidad de los trabajadores y trabajadoras comprendidos en ella.

Una estrategia que fortalezca la capacidad de la policía del trabajo para avanzar en la formalización laboral debería apuntar a quien tiene capacidad de fijar precios y condiciones a lo largo de la cadena, haciéndolo responsable por las condiciones laborales de la totalidad de los trabajadores y trabajadoras comprendidos en ella.

Desde ya que ello implica ir más allá de la consideración de las facultades y capacidades de intervención de la policía del trabajo, y podría requerir de reformas normativas. Por ejemplo, volver al texto original del art. 30 de la ley de contrato de trabajo amputado por la dictadura militar, que regula la responsabilidad del principal por las obligaciones incumplidas por parte de los subcontratistas, sería un buen comienzo.

Comercio y gastronomía

La situación en este sector puede presentar puntos de contacto con los problemas identificados en casas particulares. Su gran heterogeneidad resulta un obstáculo para pensar estrategias indiscriminadas, en tanto coexisten pequeños establecimientos con niveles de rentabilidad que impedirían regularizar a todos los trabajadores sin poner en riesgo su continuidad, con otros donde la permanencia de altos niveles de informalidad no está ligada a la capacidad financiera del empleador sino a su búsqueda de maximizar el beneficio.

Mientras que el primer caso parece imposible de abordar desde el accionar de la policía del trabajo, el segundo sí debería ser objeto de una política muy activa en materia de inspección laboral. Nuevamente, promover el involucramiento activo de las organizaciones sindicales en las estrategias de formalización podría fortalecer la capacidad estatal para tener una mayor efectividad en este proceso.

Repensar el papel de la policía del trabajo al momento de diseñar estrategias tendientes a reducir sustancialmente la informalidad laboral es clave. Sin embargo, la presencia de fuertes heterogeneidades entre y dentro de los distintos sectores puede llevar a conclusiones equivocadas, desde asumir que no hay mucho por hacer ya que se trata de un problema estructural, hasta tener mecanismos de intervención indiscriminados que podrían ser rechazados por los propios trabajadores. Fortalecer la policía del trabajo, tanto en tamaño y facultades como en puntería, sería una buena contribución para avanzar dentro de los márgenes del sistema. Para lo otro, habrá que seguir debatiendo sobre los determinantes estructurales del funcionamiento de nuestro mercado de fuerza de trabajo.

El autor es parte del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma)

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