EL COOPERATIVISMO QUE GENERA MÁS INCLUSIÓN

Por: Mariano Abrevaya Dios

La cooperativa gráfica “Esquina de libertad” fue creada en el penal de Devoto hace diez años. Hoy son cuarenta los y las liberadas, junto a sus familiares, los que trabajan, militan y viven del proyecto productivo. A través de un convenio, el Estado nacional reconoce sus talleres y asesorías como instrumentos de inserción laboral y social de la población carcelaria. Fotos: Gala Abramovich

El galpón llega hasta el corazón de la manzana, en una zona de casas bajas, fábricas y depósitos de Villa Crespo. Son las cuatro de la tarde de un día de semana y esparcidos en dos talleres, diez integrantes de “La Coope” realizan sus tareas con tapabocas, distanciamiento, y un rociador con agua y alcohol a mano, tal como lo exige la nueva normalidad.

Suena una radio. Una nena juega en un rincón acondicionado especialmente para las infancias. Las paredes están decoradas con banderas, posters, afiches y fotos que dan cuenta de un recorrido militante que no tiene que ver solo con el contexto de encierro, sino también con el cooperativismo, los derechos humanos, géneros y diversidades y el medio ambiente.

Alejandro Maniero, uno de los fundadores de la cooperativa Esquina Libertad, volvió a pisar la calle hace siete meses, luego de estar preso durante más de diez años. Sentado frente a la mesa del salón, cuenta: “El contexto de encierro te genera dependencia, cuando saliéramos nos íbamos a dar cuenta que no habíamos construido nada para el futuro, y en función de todo eso es que se nos ocurrió crear un proyecto autogestivo de inclusión social para nosotros mismos, para no depender de nadie. Empezamos a pensarnos como sujetos políticos”.

“El contexto de encierro te genera dependencia, cuando saliéramos nos íbamos a dar cuenta que no habíamos construido nada para el futuro, y en función de todo eso es que se nos ocurrió crear un proyecto autogestivo de inclusión social para nosotros mismos, para no depender de nadie. Empezamos a pensarnos como sujetos políticos”.

Así fue que comenzó a formarse un espacio que tiempo después tomaría forma de organización social. Corría el 2010, y las propuestas e ideas se intercambiaban en la cocina del Centro Universitario Devoto (CUD), dentro del Complejo Penitenciario Federal Nro. 20.

Las primeras actividades que organizaron, y que todavía hoy mantienen, fueron un taller de radio y otro de encuadernación.

Hoy la cooperativa es una referencia en el sector que trabaja con el contexto de encierro. Son una fuente permanente de consulta para personas privadas de su libertad, las y los liberados, sus familias, y otras organizacionese incluso de distintas instancias estatales.

Tres familiares de personas privadas de su libertad fueron parte del grupo fundador de la organización social. Ayelén Stroker, de 31 años, que fue y sigue siendo una de ellas, hoy preside la cooperativa. Conoce el paño como pocos: “Fuimos necesarias para constituirnos como cooperativa debido a la restricción que existe por medio del artículo 64 de la Ley de Cooperativas, que le impide a una persona –que está o estuvo presa-, incluso diez años después de haber pagado su pena, ser parte del Consejo Directivo”, explica, y remarca:  “En ese momento la forma de resolverlo fue ponernos nosotros, los familiares, un sector clave dentro del armado, porque entendemos que la pena sí trasciende a las familias y el vínculo con el exterior”.

Cuando todo arrancó, ella tenía 21 años y un familiar preso. Hoy se asombra y emociona por los avances que lograron como organización. Su primera sede la consiguieron en 2011, en un predio de Floresta que le prestaba una organización cartonera.  A finales de 2013 se mudaron a la sede de la Mutual Sentimiento, en Chacarita, y en abril de 2020 lograron acceder a su primer espacio propio: el galpón de Villa Crespo en el que La Nación Trabajadora (LNT) realiza la entrevista.

“Después el afuera fue tan grande que comenzaron a llegar desde otras unidades, y también de penales de menores, y mujeres, y todas las modalidades de vínculo (arresto domiciliario, gente con tobilleras, salidas laborales y por estudio), y también comenzamos a intervenir en la progresividad de la pena, ya que participar de nuestras áreas de trabajo o cursos también operó de referencia para los juzgados”, detalla la presidenta de La Coope.

“El caso de Alejandro, por ejemplo, es la primera salida laboral de una cooperativa de trabajo y eso es no solo un hecho histórico para el sector, sino que también marcó jurisprudencia”, apunta ella. “Se trata de un reconocimiento del poder judicial inédito hasta el momento. Que una persona detenida haya proyectado su herramienta de trabajo muchos años antes de salir, y se la cargue al hombro y construya ahí adentro, tenía que valer. Esa fue la discusión que fuimos dando en distintos ámbitos y que ganamos”. Por eso afirma: “No tenemos dudas: el cooperativismo genera inclusión”.

Hace unos días realizaron una asamblea con una parte de los y las trabajadoras de manera presencial, y el resto desde sus casas. “Cuarenta compañeros y compañeras discutiendo quiénes somos, qué hacemos, y ser todos sujetos políticos directos que discuten sobre su futuro, me parece increíble”, remarca Ayelén.

El logro vale doble, triple, o más, si se tiene en cuenta que la militancia en el sector del contexto de encierro debe ser de las tareas más difíciles que puede encarar una organización, teniendo en cuenta que la población con la que trabajan, y de la que forman parte, sufre una extrema vulnerabilidad de derechos, aparte de prejuicios y estigmatizaciones de todo tipo de la mayor parte de la sociedad.

Trabajo y organización

“Esquina Libertad” es una cooperativa que se dedica al rubro de las artes gráficas y la comunicación. Ofrecen servicios de imprenta (volantes, revistas, fanzines, tarjetas personales, postales, afiches, carteles), diseño gráfico, armado de libros y también trabajos en serigrafía sobre tela, papel y otros soportes como el azulejo. En el área de la comunicación editan audio y video, y ofrecen un servicio de asesoramiento o administración del uso de redes sociales; aparte lanzaron una productora de contenidos audiovisuales.

Su cartera de clientes incluye al Ministerio de Justicia de la Nación, el Comité Nacional contra la Tortura, la Fundación Itaú, Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación Pensamiento Penal, la Procuración Penitenciaria de la Nación, además de otras organizaciones sociales y cooperativas.

Son cuarenta compañeros y compañeras los que hoy viven de los ingresos que genera la cooperativa. Y son ochenta en total los están vinculados a la cara productiva del proyecto.

La Coope además ofrece asesoría adentro y afuera de los penales: legal, salud, género y niñez. “Se trata de espacios de inserción laboral”, señalan, “y las organizaciones tuvimos que dar una larga lucha para que se reconozca a esas áreas como necesarias para que lo productivo funcione como productivo”, apuntan.

El sol ingresa desde la parte descubierta del galpón y se derrama sobre el interior del primer salón, donde tres mujeres trabajan frente a sus computadoras y conversan en voz baja. La fotógrafa de LNT aprovecha la luz para capturar los movimientos de la nena, que va de acá para allá, un pañuelo verde, un afiche de Santiago Maldonado, las fibrosas manos del joven que trabaja en el taller serigráfico.

Uno de los hitos de la historia de la organización fue la firma de un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2018. “El acuerdo nos reconoce como una organización de trabajo de inserción social pre y pos libertad, y en consecuencia, como capacitadores desde el cooperativismo”, explica Alejandro con el mismo tono calmo y pausado que mantendrá durante toda la charla, y mientras pita un cigarrillo rubio, puntea los talleres: comunicación, cooperativismo, administración, encuadernación y diseño gráfico. “Son encabezados por un liberado y un familiar, de acá de la organización, y un tercero que está dentro del penal, que hace de coordinador. Están buenísimos”, explica.

En la actualidad están dando los talleres en el penal de Devoto; en la Unidad 4 de Ezeiza, para mujeres; en la Unidad 19 también de Ezeiza; y en las unidades bonaerenses 24 de Florencio Varela y 39 de Ituzaingó, ambas dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Alejandro explica que “son capacitaciones productivas que pueden tener una continuidad en la calle”, y no como los que brinda el Servicio Penitenciario Federal a través del ENCOPE (Ente de Cooperación Técnica y Financiera) aclaran. Ayelén suma que los cursos de La Coope “no solo permiten proyectarse, sino que funcionan como un espacio de contención, para poder empezar a pensar en el afuera”.

“De esta manera las personas privadas de su libertad producen una nueva construcción de pertenencia y la posibilidad de identificarse como trabajadores, que en un contexto de encierro nunca nadie te lo menciona, incluso siendo un trabajador formal dentro del penal, porque esa es una de las condiciones de la progresividad de la pena, y hay que cumplir, pero no hay trabajo para todos. Ahí aparece La Coope, para abordar ese gris que queda en el medio”, resume Ayelén.  

“De esta manera las personas privadas de su libertad producen una nueva construcción de pertenencia y la posibilidad de identificarse como trabajadores, que en un contexto de encierro nunca nadie te lo menciona, incluso siendo un trabajador formal dentro del penal, porque esa es una de las condiciones de la progresividad de la pena, y hay que cumplir, pero no hay trabajo para todos. Ahí aparece La Coope, para abordar ese gris que queda en el medio”

Algunas cifras

La Coope forma parte del Frente de Organizaciones y Cooperativas de Contexto de Encierro (FOCCE), junto a espacios como ‘Yo no fui’, ‘Cabrones’y ‘Abriendo caminos’, de la villa 31. “El cooperativismo le está dando trabajo al sector”, advierte Ayelén, y Alejandro aporta cifras: “El 95 por ciento de las personas que pasaron por Esquina Libertad no reincidieron en el delito, contra un 60 por ciento de reincidencia en el sistema penal”.

Cuenta Alejandro que el 90 por ciento de las personas se encuentran detenidas por delitos comunes, como delitos contra la propiedad, tenencia de estupefacientes, narcomenudeo y otros, y el resto, por delitos graves como homicidios, femicidios, violaciones, lesa humanidad. “Nuestro proyecto apunta a los primeros, porque tenemos limitaciones muy grandes para contener las otras patologías”. Y tira sobre la mesa otro dato: el 80 por ciento de los delitos son cometidos por personas reincidentes. “Nuestro logro vale doble”, apunta.

Según las estadísticas oficiales del Servicio Penitenciario Federal (SPF), publicadas en su sitio web, al 7 de octubre de 2020 la población penal alojada en sus establecimientos alcanza las 11.519 personas, una cifra que representa el 94,43 % de su capacidad operativa utilizable. Algo más del 52 % está procesado, y el resto, condenado. El 94 % son hombres, algo más del 5,5, mujeres, y el resto es población trans. Más del 97 % son adultos, y el resto, jóvenes adultos; y con respecto a la nacionalidad, más del 82 % son argentinos, y el resto, extranjeros. Madres con hijos, 1 por ciento.

En el taller del fondo, un grupo de trabajadores cose cuadernos sobre unas largas mesas de trabajo. Otro, a un costado, utiliza una guillotina para cortar volantes. Una diseñadora trabaja frente a una pantalla. Varios llevan puesto un buzo de La Coope, que tiene una estampa especial por los diez años de militancia. Sobre unos estantes están dispuestos algunos de los libros, revistas, remeras y agendas que comercializa la organización. A un costado, contra la pared, hay una enorme máquina importada para imprimir. Suena un tema de Callejeros, y el sol ya no tiene la fuerza de hace un rato.

Gala, la fotógrafa, convoca a una foto grupal. En menos de dos minutos, se arma la escena. La nena, encantada. Todo el resto también. Luego de los clics, llega el aplauso. A un costado, de pie, Ayelén y Alejandro mencionan el área de soberanía alimentaria que está en etapa de construcción, y cuyos referentes son la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), una organización hermana. “La idea es tender un puente con los productores y ser más conscientes de lo que consumimos”, explica Ayelén. Se trata de otro frente abierto por la organización. Uno más. Es con ese armado que hoy están participando de una red de comedores con la que asisten a liberados y sus familias en el marco de la emergencia por el Covid-19, en especial, con bolsones de alimentos. “Las compañeras están planificando el armado de una huerta vertical, ahí adelante”, señala Ayelén, sonriente, confiada, con el mismo empuje que hace diez años.

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